El artículo publicado por The New York Times Magazine “The Unraveling of the Justice Department” (El desmoronamiento del Departamento de Justicia) presenta una serie de testimonios de funcionarios de carrera del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ), quienes describen cómo la administración de Donald Trump ha transformado la institución en una herramienta política.
Una de las preocupaciones más evidentes en los testimonios es la erosión del criterio profesional dentro del DOJ. Varios funcionarios relatan que decisiones técnicas fueron reemplazadas por instrucciones políticas, especialmente en materia electoral y en la gestión de casos criminales. El hecho de que la Casa Blanca ordenara directamente abandonar demandas por supresión del voto o impulsar investigaciones sin fundamento distorsiona la función del Ministerio Público, que debe actuar guiado por la legalidad y no por las preferencias del Ejecutivo. Esto representa una desviación peligrosa de los estándares básicos del debido proceso y del principio de objetividad que debe regir la persecución penal.
Asimismo, la reasignación masiva de recursos del FBI para cumplir cuotas de detención de inmigrantes, aun en estados donde no existía un problema real de inmigración, demuestra cómo la política migratoria se impuso sobre las prioridades de seguridad nacional. Este desvío tuvo un impacto directo en la atención de casos de terrorismo, delitos violentos y crimen organizado, lo cual evidencia que la politización no solo afecta la legalidad institucional, sino también la seguridad pública. Para efectos comparativos, en sistemas democráticos consolidados esta interferencia sería vista como una amenaza al Estado de Derecho.
Los testimonios también revelan la eliminación de investigaciones y hallazgos vinculados al uso abusivo de la fuerza policial, lo que tuvo un impacto significativo en la supervisión federal de las policías locales. Al retirar conclusiones previamente establecidas y negar apoyo a casos de discriminación racial, la administración no solo contradijo evidencia documentada, sino que debilitó la función protectora de los derechos civiles que históricamente ha desempeñado el DOJ. Este giro evidencia cómo el poder político puede manipular la protección de derechos fundamentales cuando no existen barreras institucionales firmes.
Finalmente, preocupa el uso del poder presidencial para impulsar acusaciones penales contra adversarios políticos y para favorecer a aliados mediante indultos selectivos. La sustitución de fiscales de carrera por abogados sin experiencia para liderar casos de alto perfil y las presiones para presentar acusaciones sin sustento jurídico vulneran directamente la idea de un sistema penal imparcial. Los fiscales entrevistados expresan temor por el precedente que estas acciones dejan, pues si la justicia puede ser usada como un arma política, entonces se compromete la confianza pública en la imparcialidad del Estado.
El artículo permite reflexionar sobre la fragilidad de las instituciones que dependen de la ética y del profesionalismo de quienes las integran. En los testimonios se percibe frustración, miedo y desencanto, pero también una advertencia: cuando el poder político invade espacios que deberían estar protegidos por la técnica jurídica, la democracia se vuelve vulnerable. Esta situación, aunque referida a Estados Unidos, constituye un recordatorio para cualquier sistema democrático sobre la importancia de preservar la autonomía de la justicia y de establecer controles que impidan la concentración abusiva del poder.
Para más información, véase:
Emily Bazelon y Rachel Poser, “The Unraveling of the Justice Department”, The New York Times Magazine, 2025.
