La República de Panamá dio un nuevo paso en su proceso de integración a los principales estándares internacionales con la emisión del Decreto Ejecutivo No. 12 de 9 de marzo de 2026, mediante el cual se crea la Comisión Permanente de Alto Nivel para la coordinación del proceso de adhesión del país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Esta decisión forma parte de la estrategia del Estado panameño para fortalecer su institucionalidad y avanzar hacia la incorporación formal a este organismo internacional.
La OCDE es reconocida por agrupar a países que promueven políticas públicas orientadas al crecimiento económico sostenible, la transparencia institucional y el desarrollo social. En ese contexto, la posible adhesión de Panamá representa una oportunidad para alinearse con estándares internacionales en áreas clave de gobernanza pública, competitividad económica, educación, sostenibilidad ambiental y lucha contra la corrupción. Asimismo, el ingreso a este organismo podría contribuir a fortalecer la confianza internacional en el país y a consolidar su posicionamiento en la economía global.
Con ese objetivo, el decreto establece la creación de una comisión de alto nivel que tendrá la tarea de planificar, coordinar y supervisar todas las acciones necesarias para impulsar el proceso de adhesión. Esta comisión dependerá funcionalmente del Presidente de la República y estará adscrita administrativamente al Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, institución que, conforme a la legislación vigente, ejerce la coordinación del servicio exterior y participa en la definición de la política exterior del país junto al Ejecutivo.
La nueva comisión tendrá un papel central en la articulación de esfuerzos entre distintas entidades del Estado. Su función será asegurar que las iniciativas, reformas y acciones necesarias para avanzar hacia la adhesión a la OCDE se desarrollen de manera coherente y coordinada entre las instituciones públicas. Este enfoque responde a la naturaleza transversal del proceso, que requiere ajustes institucionales y normativos en diversos ámbitos de la administración pública.
En cuanto a su integración, la comisión estará conformada por representantes de varias instituciones clave del gobierno panameño. Entre ellas se encuentran el Ministerio de Relaciones Exteriores, que presidirá el organismo; el Ministerio de la Presidencia de Panamá; el Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá; el Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá; el Ministerio de Desarrollo Social de Panamá; el Ministerio de Educación de Panamá; y la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. La participación de estas entidades refleja la amplitud de las áreas de política pública que se ven involucradas en el proceso de adhesión.
El decreto también define el esquema de coordinación institucional para conducir este proceso. El Presidente de la República será el encargado de dirigir y coordinar el proceso de adhesión, con la participación del ministro de Relaciones Exteriores. A su vez, el despacho del viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación asumirá la coordinación de la representación del Estado panameño ante la OCDE, mientras que la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores ejercerá las funciones de Secretaría Ejecutiva de la comisión.
Desde la perspectiva administrativa, el Ministerio de la Presidencia, a través de su Secretaría de Asuntos Económicos y Competitividad, tendrá la responsabilidad de coordinar y supervisar la ejecución de las directrices que emita la comisión, garantizando su implementación por parte de todas las entidades públicas involucradas. Este mecanismo busca asegurar que el proceso de adhesión avance de forma ordenada, con una supervisión constante de las acciones que cada institución debe desarrollar.
El decreto también contempla la posibilidad de incorporar a otros actores al proceso. La comisión podrá invitar a representantes de otros órganos del Estado, organismos nacionales e internacionales, así como a entidades del sector privado y organizaciones de la sociedad civil. De esta manera, se busca fomentar un enfoque participativo que permita aprovechar conocimientos técnicos y experiencias relevantes para el cumplimiento de los objetivos del proceso de adhesión.
Finalmente, se establece que la Secretaría Ejecutiva deberá documentar periódicamente el avance de los trabajos realizados, de modo que la comisión pueda presentar informes al Presidente de la República sobre el progreso alcanzado. Este seguimiento permitirá evaluar el desarrollo del proceso y orientar las decisiones necesarias para avanzar hacia la incorporación de Panamá a la OCDE.
Con la entrada en vigencia de este decreto, el país formaliza una estructura institucional dedicada a coordinar uno de los proyectos estratégicos de su política exterior y de desarrollo institucional. El proceso de adhesión a la OCDE implica un trabajo sostenido de reformas y cooperación internacional, pero también representa una oportunidad para fortalecer las bases institucionales del Estado panameño y su integración en la comunidad económica global.
