El 16 de octubre de 2024, el ministro de Economía y Finanzas de Panamá, Felipe E. Chapman, presentó ante la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley 143, mediante el cual se busca fijar el presupuesto general del Estado para el ejercicio fiscal de 2025. Este proyecto presupuestal surge en un contexto de crecientes necesidades financieras y demandas sociales, proponiendo un aumento en la estructura presupuestaria original para llegar a un monto de 30,111 millones de balboas, lo que representa un incremento de 3,276 millones de balboas sobre el presupuesto original, que se situaba en 26,835 millones de balboas. La propuesta de aumento ha generado un intenso debate entre autoridades, expertos económicos y representantes de diversos sectores, dado que involucra la posibilidad de financiamiento adicional y la eventual pérdida de grado de inversión, un riesgo latente en la economía panameña.
Este presupuesto general modificado responde a la necesidad de fortalecer varias áreas clave del sector público que han recibido observaciones desde distintos sectores de la sociedad. Entre los puntos más destacados, se encuentran los incrementos dirigidos al sector educativo, de salud y la seguridad social, con un enfoque especial en la Caja de Seguro Social (CSS). El Ministerio de Educación verá un incremento presupuestario de 1,282 millones, cifra que busca responder a la demanda por mejorar la infraestructura escolar y las condiciones de los centros educativos. A su vez, el Ministerio de Salud contará con un presupuesto adicional de 115 millones, mientras que la CSS obtendrá 1,200 millones adicionales provenientes de sus ingresos corrientes.
El Consejo de Gabinete justificó este aumento ante la Asamblea Nacional argumentando que Panamá atraviesa un periodo en el que resulta imperante robustecer la inversión social para responder a las necesidades acumuladas de la población en salud, educación, y seguridad social. Desde esta perspectiva, los fondos adicionales no se consideran un gasto extraordinario, sino una inversión esencial en el desarrollo humano y en la infraestructura necesaria para sostener el crecimiento a futuro. Asimismo, otras entidades descentralizadas se beneficiarán del aumento, incluyendo al Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (IFARHU) y el Instituto Panameño de Deportes, así como universidades como la Universidad de Panamá, la Universidad Marítima Internacional de Panamá y la Universidad Tecnológica de Panamá, que verán incrementos significativos en sus presupuestos asignados.
Para lograr este incremento, el proyecto plantea la incorporación de ingresos adicionales a través de varias fuentes. Se espera recaudar 3,200 millones de balboas más en ingresos corrientes, de los cuales el gobierno central aportará 2,000 millones, mientras que la CSS contribuirá con 1,200 millones. Expertos en economía advierten que esta dependencia en ingresos adicionales y financiamiento externo plantea un reto fiscal importante. Si bien el aumento en ingresos puede sostener los
gastos del próximo año, no es necesariamente sostenible en el mediano o largo plazo sin una reforma fiscal estructural que permita ingresos estables y permanentes. Esta advertencia ha sido subrayada por analistas financieros que consideran que el país podría enfrentarse a mayores dificultades en el futuro si su calificación crediticia se ve afectada por el aumento de la deuda pública, una consecuencia casi inevitable si se recurre a financiamiento adicional para cubrir el déficit. Los riesgos de endeudamiento y la eventual pérdida del grado de inversión son consecuencias latentes que acompañan el actual proyecto presupuestario.
La incertidumbre sobre el grado de inversión no es una mera preocupación económica; afecta directamente las condiciones de financiamiento del país en los mercados internacionales y puede encarecer el costo de la deuda, impactando así los recursos que el país puede destinar a sus programas sociales. Panamá ha logrado hasta ahora mantener un grado de inversión positivo que permite acceder a mejores condiciones crediticias, pero las agencias calificadoras han manifestado su preocupación ante los actuales desafíos fiscales. La posibilidad de perder el grado de inversión pondría en riesgo la estabilidad económica y financiera del país, aumentando la presión sobre el Estado para generar ingresos que cubran los crecientes gastos, y limitaría el margen de maniobra de futuros gobiernos para realizar ajustes y responder a contingencias.
La propuesta también considera algunos ajustes en los programas de subsidios, que han sido objeto de crítica en varias ocasiones por el alto impacto en el presupuesto estatal. El Consejo de Gabinete, en línea con las recomendaciones de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, incluyó fondos destinados al subsidio del gas licuado de petróleo, un insumo energético básico para los hogares panameños, especialmente en sectores de bajos recursos, y a los programas de interés preferencial para hipotecas. El subsidio al gas licuado es considerado crucial para mitigar el impacto de los aumentos en el costo de vida sobre los hogares de menores ingresos, y el interés preferencial tiene el propósito de facilitar el acceso a la vivienda mediante condiciones crediticias más favorables. Estos programas, si bien representan un costo significativo para el presupuesto, también responden a necesidades sociales urgentes y buscan mantener la estabilidad en el consumo y en el acceso a servicios básicos para la población.
Por otro lado, voces del sector privado y algunos expertos en finanzas públicas han manifestado su preocupación ante lo que consideran una falta de contención en el gasto público. De acuerdo con ellos, el actual incremento podría enviar señales de advertencia a los inversionistas y debilitar la confianza en la gestión económica del país. La posibilidad de que Panamá recurra a más financiamiento para cubrir el aumento presupuestal no solo afecta las finanzas públicas, sino que también ejerce una presión adicional sobre las empresas y la economía en general. La percepción de que el Estado aumentará su deuda podría traducirse en mayores tasas de interés y una menor disponibilidad de crédito para el sector privado, lo que podría afectar el crecimiento económico a mediano plazo.
La discusión en torno al presupuesto para 2025, por tanto, no es únicamente una cuestión técnica de cifras; involucra una serie de decisiones políticas y económicas de gran calado que influirán en la economía panameña en el futuro próximo. La decisión de la Asamblea Nacional respecto al Proyecto de Ley 143 determinará si el país puede responder a sus compromisos sociales de manera efectiva sin comprometer su estabilidad financiera. En este sentido, las autoridades deberán encontrar un equilibrio entre los programas sociales y las medidas de contención que aseguren un uso eficiente y racional de los recursos, un desafío complejo en una coyuntura económica marcada por la incertidumbre.
Es nuestra apreciación que el Órgano Ejecutivo tiene que enviar un mensaje contundente en la imperiosa necesidad que tiene el país, de manera transversal e irreversible de reducir Gastos Públicos, empezando por los salarios, viáticos, emolumentos, nombramientos, en los tres Órganos de Poder como una muestra responsable del manejo de las finanzas públicas.
Como dijo en su oportunidad el Presidente Guillermo Endara, “el mundo nos mira”, regresemos una vez más a la conducta espartana del profesor Chinchorro Carles (Rubén Darío Carles Q.E.P.D.).
Amanecerá y veremos…
