Donald Trump, tras su regreso al poder, ha propuesto sustituir el impuesto sobre la renta por ingresos provenientes de aranceles aduaneros. Esta idea, expresada en el Club Económico de Chicago, sugiere aumentar un 10% los aranceles sobre todos los productos importados, exceptuando a Canadá y México. En el caso de China, estos podrían oscilar entre un 60% y un 100%. Su objetivo es doble: reducir el déficit comercial de $800 mil millones y financiar recortes fiscales, incluidos los impuestos corporativos y beneficios sociales exentos.
Aunque la propuesta parece disruptiva, tiene precedentes históricos. Durante gran parte del siglo XIX, los aranceles fueron la principal fuente de ingresos para Estados Unidos. En ese periodo, protegían la economía doméstica de las importaciones europeas y financiaban al joven gobierno federal. Sin embargo, con la creación del impuesto sobre la renta en 1913, los aranceles comenzaron a disminuir en relevancia, dando paso a un sistema fiscal más justo y progresivo.
Trump se presenta como un defensor de esta tradición. Según sus argumentos, los aranceles protegen la producción nacional al encarecer los bienes importados, incentivando el consumo de productos estadounidenses. Además, sostiene que no son los consumidores locales quienes pagan estos costos, sino los países exportadores. Esta postura ha generado polémica, ya que numerosos economistas argumentan que, en última instancia, son los ciudadanos quienes enfrentan precios más altos.
Si bien los aranceles han demostrado ser herramientas efectivas en contextos específicos, un aumento generalizado podría tener consecuencias negativas. En un mundo profundamente globalizado, donde las cadenas de suministro son complejas y multinacionales, imponer tarifas generalizadas puede aumentar costos para las empresas que dependen de insumos importados. Esto, a su vez, podría traducirse en precios más altos para los consumidores.
Desde el punto de vista internacional, esta medida podría intensificar las tensiones comerciales, especialmente con China, principal socio comercial de Estados Unidos. Además, el enfoque unilateral de Trump podría debilitar los principios del multilateralismo, esenciales para la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Para países como Panamá, cuyo modelo económico está profundamente vinculado al comercio internacional, estas políticas proteccionistas presentan riesgos y oportunidades. Por un lado, el Canal de Panamá podría experimentar una disminución en los flujos comerciales, especialmente si el costo de las importaciones hacia Estados Unidos aumenta considerablemente. Esto afectaría no solo al tránsito de mercancías, sino también a los ingresos fiscales y al empleo en sectores relacionados con la logística y el transporte.
Por otro lado, estas tensiones podrían motivar a las empresas estadounidenses a buscar alternativas más cercanas para reducir costos, favoreciendo a los países con acuerdos comerciales preferenciales. Panamá, con su estratégica posición geográfica y tratados como el TPC (Tratado de Promoción Comercial), podría atraer inversiones y convertirse en un punto clave para el nearshoring, siempre que ajuste sus políticas para aprovechar esta coyuntura.
Los críticos del plan de Trump argumentan que basar la economía en aranceles como principal fuente fiscal es un modelo regresivo. A diferencia del impuesto sobre la renta, que grava más a quienes tienen mayores ingresos, los aranceles afectan proporcionalmente más a los hogares de ingresos bajos y medianos, que destinan una mayor parte de su presupuesto a bienes de consumo. Además, la Oficina de Presupuesto del Congreso ha estimado que los aranceles generarían solo el 2% del presupuesto federal, insuficiente para sustituir el 49% que aporta actualmente el impuesto sobre la renta.
En términos geopolíticos, esta propuesta podría alterar el equilibrio comercial global, incentivando a otros países a adoptar medidas proteccionistas en respuesta. Esto podría llevar a una contracción en el comercio mundial, afectando tanto a grandes potencias como a economías en desarrollo.
La propuesta de Trump representa un retorno a políticas económicas del pasado, adaptadas a un contexto contemporáneo. Si bien tiene el potencial de revitalizar ciertas industrias estadounidenses y reducir déficits comerciales, sus implicaciones globales son inciertas. Para Panamá, y América Latina en general, el desafío estará en adaptarse a un entorno comercial más proteccionista, buscando capitalizar las oportunidades que surjan mientras mitigan los riesgos inherentes.
En última instancia, esta iniciativa plantea preguntas fundamentales sobre el equilibrio entre soberanía económica y cooperación internacional en un mundo cada vez más interconectado.
