Desde el inicio de la transición de gobierno, tras las elecciones del pasado 1 de julio, el Alcalde Electo Mayer Mizrachi y su Vicealcalde, Roberto Ruíz, han expuesto públicamente el estado financiero en que recibieron las arcas de la Alcaldía de Panamá. Han denunciado presupuestos inflados, planillas abultadas y otras irregularidades, destacando principalmente las deudas insostenibles que enfrenta la municipalidad. Ante esta situación, han implementado medidas de austeridad con el objetivo de recuperar la estabilidad financiera del municipio y seguir trabajando para que «Panamá Brille».
Las restricciones económicas han afectado la gestión de proyectos y la prestación de servicios esenciales a los ciudadanos. En respuesta a esta situación, el Concejo Municipal de Panamá ha aprobado un periodo de moratoria para el pago de impuestos municipales, vigente desde el 16 de septiembre hasta el 16 de octubre de 2024. Esta medida exonera el 100% de los recargos e intereses en impuestos de negocios y el 50% en multas por no presentar la declaración jurada. Para acceder a este beneficio, los contribuyentes deben cancelar la totalidad de su deuda acumulada hasta la fecha, incluido el mes corriente.
Además, la exoneración de recargos e intereses también se aplica a los arreglos de pago vigentes y a los expedientes en la jurisdicción coactiva, siempre que se cancele la totalidad de las cuotas pendientes o el monto adeudado. Los contribuyentes deben presentar, de manera presencial, todas las declaraciones juradas pendientes en las oficinas de Servicio al Contribuyente del Edificio Hatillo, aunque también pueden realizar los trámites digitalmente en el sitio web de la Alcaldía, donde se aceptan pagos con tarjetas Visa, MasterCard, Clave o a través del sistema de banca en línea.
Cabe destacar que esta moratoria no aplica para deudas relacionadas con impuestos de vehículos, obras y construcciones, publicidad, otras multas, ni para nuevos arreglos de pago. La Alcaldía ha tomado esta medida como parte de sus esfuerzos para recaudar los fondos necesarios para el desarrollo y mantenimiento de la ciudad, ofreciendo a los contribuyentes la oportunidad de regularizar su situación fiscal, lo que permitirá asegurar el ingreso de recursos esenciales para continuar brindando servicios de calidad a la comunidad.
La gestión entrante también ha descubierto que, en el periodo anterior, el presupuesto municipal había sido inflado en más de 100 millones de dólares, y que la capacidad real de recaudación de las arcas municipales rondaría solo los 220 millones de dólares para finales de año, muy por debajo de las expectativas iniciales de un municipio financieramente sólido. Además, se han identificado deudas significativas que superan los 150 millones de dólares, lo cual compromete aún más la situación financiera del municipio y pone de relieve una gestión previa deficiente y una falta de transparencia.
Uno de los aspectos más críticos señalados por la nueva administración es el aumento desmedido de la planilla municipal. Desde 2019, bajo la gestión de José Luis Fábrega, el número de empleados pasó de 3,564 a 6,380 en mayo de 2024, lo que representa un crecimiento del 79% en comparación con un incremento del 10% durante la gestión de José Isabel Blandón (2014-2019). Esta expansión ha generado cuestionamientos sobre la eficiencia en el uso de los recursos públicos, especialmente ante la persistente percepción de deficiencias en la prestación de servicios básicos como el mantenimiento de parques y la gestión de trámites administrativos.
Ante este panorama, el Alcalde Mayer Mizrachi ha manifestado su compromiso de implementar recortes y medidas de austeridad para reducir la nómina y recuperar la estabilidad financiera del municipio. Asimismo, se ha comprometido a buscar nuevas fuentes de ingresos para mejorar la liquidez y asegurar el sostenimiento de los servicios esenciales que la Alcaldía brinda a los ciudadanos.
Aunque la implementación de una moratoria fiscal por parte de la Alcaldía de Panamá representa un esfuerzo positivo para aliviar la carga financiera de los contribuyentes, el plazo de un mes resulta insuficiente para muchos ciudadanos que no tenían prevista esta oportunidad de regularización. Un periodo mínimo de dos meses sería más adecuado, permitiendo una mejor planificación y cumplimiento por parte de los contribuyentes. Además, sería beneficioso extender los horarios de atención, incluyendo los días sábados, para facilitar el acceso a los servicios municipales.
Por otro lado, es crucial que los funcionarios municipales reciban entrenamiento adecuado para mejorar su trato hacia los ciudadanos, promoviendo una cultura de servicio más amable y eficiente. Sería valioso que el propio Alcalde supervise las oficinas de cobro y utilice sus redes sociales para fomentar la participación de los contribuyentes. Asimismo, esta iniciativa no debería limitarse únicamente al Municipio de Panamá; su promoción en otros municipios podría generar un impacto más amplio y positivo en la economía local y en la relación entre las autoridades y los ciudadanos.
