La Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá ha tomado medidas decisivas en la intensificación de la lucha contra la evasión fiscal. A través de recientes Resoluciones emitidas por el Director General de Ingresos, se designó a 5 abogados como funcionarios de instrucción, otorgándoles la responsabilidad de llevar a cabo la instrucción de sumarias en posibles casos de Evasión Fiscal Administrativa o Defraudación Fiscal Penal a nivel nacional.
Los designados para este crucial rol son las licenciadas Flor Ceballos, Elisa Solís, Nathalie Machuca, Yuliza González, y el licenciado Ricardo Solís, todos ellos del Departamento Jurídico Tributario, Sección de Evasión y Defraudación Fiscal.
Estas designaciones, respaldadas por el marco legal establecido en el Decreto de Gabinete No.109 de 7 de mayo de 1970, modificado por la Ley 33 de 30 de junio de 2010, confirman las reiteradas declaraciones del Director General de Ingresos respecto a la aplicación efectiva de medidas contra la evasión y defraudación fiscal. Las facultades otorgadas a estos funcionarios incluyen la capacidad de practicar diligencias, citar a contribuyentes, exigir la presentación de comprobantes, auditar libros y documentos, y solicitar información a entidades públicas y privadas, entre otras acciones necesarias para la investigación.
En cuanto a las facultades que se extraen del marco legal, llama ineludiblemente la atención la potestad que se le otorga a los designados funcionarios de instrucción para: portar armas, realizar allanamientos y arrestos. Sobre esto, el licenciado Ernesto Cedeño presentó el pasado lunes 19 de febrero, cinco acciones de nulidad en contra de las Resoluciones emitidas por la Dirección General de Ingresos, solicitando también la suspensión de las mismas.
Es un hecho que los nombramientos destacan la determinación de las autoridades actuales en proteger la integridad del sistema tributario, y subrayan la importancia de contar con profesionales altamente capacitados en el ámbito jurídico tributario, quienes deberán estar en plena capacidad de ejecutar sus funciones en contra de la evasión y defraudación fiscal penal en estricto apego al Derecho. Por esa misma razón, resulta importante conocer la postura de la Corte Suprema de Justicia en cuanto a la asignación de ciertas facultades que sin duda han llamado la atención de muchos, por lo delicadas que son.
En cuanto a las investigaciones, las Resoluciones señalan uniformemente que, una vez las mismas sean concluyan, los funcionarios de instrucción deberán remitir la causa al Director General de Ingresos, junto con su opinión del caso, para que este tome las decisiones correspondientes en términos legales.
Este actuar por parte del Fisco sirve también como un llamado de atención a los contribuyentes para mantener una conducta tributaria sana, en estricto cumplimiento de las obligaciones materiales y formales, especialmente en un contexto global en donde la fiscalización a los contribuyentes toma más peso.
En este sentido, Rivera, Bolívar y Castañedas reafirma su compromiso de ofrecer asistencia en materia legal y de mantenerles informados en cuanto al desarrollo de las acciones de nulidad presentadas. Cualquier duda o problema relacionado con obligaciones tributarias, no duden en contactarse con nosotros al 209-5900 o escribir a José Javier Rivera ([email protected]) o Abner Arosemena Ceville ([email protected]). Estamos aquí para proporcionar el respaldo legal necesario en estas materias.
