Panamá es un país donde converge una pluralidad de nacionalidades, debido a la posición geográfica que ocupa, no obstante, es evidente que en los últimos años se ha visto incrementada la afluencia de extranjeros que ingresan a Panamá con el ánimo que quedarse a vivir en el país, así como también turistas y otros como una escala para su destino final.
La legislación migratoria constituye el principal instrumento, por el cual el Estado establece las reglas aplicables a los extranjeros que deseen establecerse en el país, ya sea de forma permanente o temporal.
La migración, conlleva consecuencias de índole económicas, sociales y políticas para los países que se ven afectados por ella y nuestro país, en estos momentos se encuentra en una encrucijada para poder establecer una manera de suspender la entrada de migrantes por la selva del Darién.
Nuestros países vecinos, es poco o nada lo que han coadyuvado con Panamá, en su lucha por delimitar la entrada de migrantes, quienes son seres humanos que buscan mejores condiciones de vida, pero que lo sin considerar que esa migración trastoca las condiciones de vida de los nacionales del país al que ingresan.
En días pasados, el Servicio Nacional de Migración, dio a conocer las nuevas medidas migratorias que se implementaran a partir del 2 de octubre de 2023, para personas extranjeras que ingresen al país por los puertos formales de entrada, en el sentido de establecer que deberán tener una solvencia económica de por lo menos US$1,000.00 y la visa de turista se otorga por el término de 15 días.
No obstante lo antes indicado, la medida o ajustes operativos como le llaman, es decir, la solicitud de solvencia económica y el otorgamiento de 15 días para permanecer en el país, no será aplicable a turistas, inversionistas ni a ejecutivos.
Por razón de las reacciones que causó el anuncio de las medidas tomadas, la autoridad competente, emitió un comunicado mediante el cual aclaró que “estos parámetros sólo serán aplicables a quienes mantengan un perfil que pudiese encajar de acuerdo a su entrevista, en un posible migrante irregular, siempre y cuando no hubiese lugar a su inadmisión”.
A este respecto, debemos señalar que actualmente la estancia en Panamá para las personas que ingresen en calidad de turistas, es por el término de hasta tres meses, contados a partir de la entrada al país, salvo algunas excepciones.
Estamos de acuerdo en el hecho que se deben establecer controles y medidas para el ingreso de los extranjeros a nuestro país; sin embargo, esas medidas deben ser tomadas acordada con el grupo poblacional que ingrese al país, sin que ello se considere el otorgamiento de fueros y privilegios en favor de determinado grupo.
Estos ajustes operativos, a nuestro entender deben, estar bien definidos por las autoridades, ya que si bien se aclara a quienes no le aplica la medida tomada, queda a criterio de un funcionario de migración de un puerto de entrada, el determinar quien a su juicio pueda ser un posible migrante irregular, turista o ser un ejecutivo o inversionista.
Dependiendo de su juicio, el turista tendrá que demostrar que tiene una solvencia económica de US$500.00 o de US$,1,000.00, lo cual puede ser en efectivo o tarjeta. El turista a su ingreso queda en un estado de zozobra ya que no sabe a ciencia cierta en que categoría será ubicado y de ello dependerá su ingreso o no a Panamá.
Hubiera sido mejor, que se hubiese establecido desde el principio las nacionalidades que debían cumplir con las nuevas medidas de ingreso y dentro de ese grupo establecer las excepciones.
Como país debemos garantizar que cuando los extranjeros ingresen a Panamá, tengan un conocimiento mínimo de los derechos y obligaciones que se le aplican, lo cierto es que a falta aproximadamente de dos semanas para que entren a regir las nuevas medidas migratorias, por lo que estaremos pendiente del tema para hacer los comentarios que correspondan.
