La disputa arancelaria entre Estados Unidos e India se intensificó a finales de agosto, cuando el presidente Donald Trump impuso un arancel del 50 % sobre productos indios, justificándolo en la política de Nueva Delhi de mantener un fuerte suministro de petróleo ruso. La medida generó un duro golpe para sectores clave de la economía india y abrió una nueva etapa de fricciones diplomáticas con Washington.
Tras este anuncio, el ministro de Comercio, Piyush Goyal, reaccionó con firmeza, asegurando que “India no se inclinará ante Estados Unidos” y subrayando que el país buscará ampliar sus mercados de exportación más allá de Norteamérica. Estas declaraciones, hechas inmediatamente después de la entrada en vigor de los aranceles, marcaron el tono de resistencia de la política comercial india.
El 30 de agosto, el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos declaró ilegales los aranceles globales de Trump impuestos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). El tribunal razonó que el presidente había excedido la autoridad otorgada por el Congreso, utilizando un instrumento legal concebido para amenazas específicas y temporales con fines de política económica estructural. Sin embargo, el fallo no eliminó automáticamente los aranceles contra India: estos permanecerán vigentes hasta que la administración estadounidense decida si apelar ante la Corte Suprema. Autoridades indias reconocieron que, en el mejor de los casos, los gravámenes podrían mantenerse hasta diciembre, prolongando la incertidumbre comercial.
En paralelo, India activó su estrategia doméstica. El 3 de septiembre, el Consejo del GST aprobó una reforma significativa en el Impuesto sobre Bienes y Servicios, eliminando las tasas del 12 % y 28 % y simplificando el esquema a tres niveles: 5 %, 18 % y 40 % para productos de lujo y demerit goods. Esta reforma, que entrará en vigor el 22 de septiembre, busca amortiguar el impacto de los aranceles con un estímulo al consumo interno y apoyo a exportadores en plena temporada festiva de Diwali. Aunque el Ministerio de Finanzas estimó pérdidas fiscales de entre 5.600 y 20.000 millones de dólares, la expectativa es que el aumento en la actividad económica compense el déficit.
Los mercados reaccionaron con optimismo. Los principales índices bursátiles, el Sensex y el Nifty, registraron alzas después del anuncio de la reforma, interpretada como una señal de que el gobierno está dispuesto a absorber costos fiscales para proteger a la economía. Analistas subrayaron que, aunque las tensiones comerciales con Estados Unidos persisten, el estímulo interno puede fortalecer sectores como consumo masivo, manufactura y salud.
En el ámbito internacional, India complementó su estrategia con acciones multilaterales. Nueva Delhi presentó una consulta ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) para impugnar el arancel del 50 % sobre el cobre y otros productos, sumando un nuevo frente legal a los casos abiertos en años anteriores por acero y componentes automotrices. Con ello, India refuerza su imagen de país que defiende las reglas del comercio global frente a medidas unilaterales.
En conclusión, India ha respondido al doble desafío de los aranceles estadounidenses y la incertidumbre jurídica del fallo con una estrategia de tres frentes: resistencia diplomática, estímulo económico interno y acción legal en la OMC. El desenlace en la Corte Suprema de EE. UU. determinará si el alivio llega antes de diciembre o si el país deberá sostener sus medidas compensatorias durante más tiempo. Mientras tanto, el gobierno de Narendra Modi busca transformar la crisis en una oportunidad para diversificar exportaciones y consolidar un mercado interno más robusto.
