Por: Por Lourdes García Armuelles | 19/03/2026 00:00 | La Estrella de Panamá
Con esta contundencia, el jurista José Javier Rivera pone el dedo sobre la llaga de uno de los temas más sensibles para el erario público: la gestión de los contratos estatales y el riesgo de los arbitrajes internacionales.
En un escenario global donde la seguridad jurídica es la moneda de cambio más valiosa, Panamá busca consolidarse como el epicentro del arbitraje regional. Sin embargo, el camino hacia la excelencia enfrenta retos estructurales.
En entrevista con La Estrella de Panamá, José Javier Rivera, vicepresidente del Centro de Conciliación y Arbitraje (CeCAP), analiza la evolución de este ecosistema, la importancia de profesionalizar la defensa del Estado y por qué el país debe abandonar definitivamente las prácticas contractuales del siglo pasado para blindar su futuro económico.
Las declaraciones se dieron en el marco del Panama´S Arbitration & ADR Week, un evento que exploró las últimas tendencias, mejores prácticas y desafíos en el arbitraje nacional e internacional, así como ADR (Mediación y Dispute Boards). Reunió a experto del 16 hasta este jueves 18 de marzo.
¿Qué avances recientes ha tenido el CeCAP en fortalecer la institucional arbitral?
Muchos. El Centro es un lugar de actualización permanente. Brindamos seminarios a árbitros, peritos y egresados universitarios. Hemos incorporado con fuerza la conciliación; es conveniente que, antes de una controversia, las partes tengan ese intercambio. Además, el nuevo Código de Procedimiento Civil busca que exista una conciliación obligatoria. Nos hemos integrado con la Procuraduría de la Administración para capacitar funcionarios. En esta jornada, no solo trataremos el arbitraje comercial y de inversión, sino también el arbitraje deportivo, una especialidad creciente ahora que tendremos importantes eventos deportivos en el país.
¿Qué rol juega la Corte Suprema en la modernización del proceso civil para complementar el arbitraje?
El magistrado Olmedo Arrocha, vicepresidente de la Corte, ha sido uno de los grandes impulsores del nuevo Código de Procedimiento Civil. Este código plantea la inmediatez del juez, incluye audiencias y establece períodos definidos para resolver. Existe una simbiosis: mientras el proceso civil se moderniza, el arbitraje ofrece una alternativa eficiente. Ambos entes transitan por la misma autopista para dar servicio a la comunidad, generando mayor confianza y evitando procesos dilatados.
¿Qué aprendizajes dejan casos como Panama Ports y otros arbitrajes donde el Estado ha estado involucrado?
El principal aprendizaje es la preparación de los contratos. La Autoridad del Canal es un modelo; llevó a cabo una obra extraordinaria fortaleciendo su capacidad local e internacional para acometer un proyecto sin precedentes. La preparación contractual es independiente de los resultados, pero es la base de todo. El país debe buscar siempre las “mejores prácticas” antes de embarcarse en un contrato. Ya los contratos a perpetuidad no tienen cabida; esa tendencia murió en 1904. Los contratos de larga data deben tener espacios de revisión para ajustarse a las realidades actuales. Los tribunales arbitrales internacionales hoy analizan si los beneficios que recibe el Estado son adecuados. No puede ser que el Estado deba pedir permiso a un concesionario sobre algo de lo cual el Estado es el dueño original.
¿Cómo puede Panamá blindarse mejor en sus contratos para evitar riesgos en tribunales internacionales?
Es simple, pero no sencillo: necesitamos políticas de largo plazo y una carrera administrativa real. El servicio público debe dignificarse. No podemos tener profesionales que se capaciten y luego se van porque cambia el gobierno. Necesitamos equipos permanentes, bien remunerados y actualizados que sepan cuáles son las tendencias globales. El país no puede blindarse si improvisa. Ese es el gran error.
¿Tiene Panamá los elementos suficientes para defender o prevenir arbitrajes?
Para tener un arbitraje fuerte, hay que tener un contrato fuerte. Esa es la fuente de nuestra fortaleza. El contrato debe estar bien definido, analizado y comparado con las mejores prácticas internacionales. Debemos aprovechar nuestros recursos y presentarnos al mundo con seriedad. Por ejemplo, Panamá es un país carbono negativo; esa debería ser nuestra tarjeta de presentación para exigir compromisos reales a quienes invierten aquí.
¿Cómo se encuentra Panamá en comparación con otros países en materia de arbitraje?
En lo nacional, hay una amplia aceptación del arbitraje como modalidad para resolver controversias. Cerca del 40% de los arbitrajes en el CeCAP ya son temas internacionales. Siendo un país pequeño, estamos aprovechando las ventajas de nuestra ubicación y legislación para resolver conflictos en tiempo oportuno, lo que amplía la confianza del inversionista en Panamá.
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