Reflexiones sobre la conferencia regional «Fin de la pobreza: recalibrando estrategias, renovando compromisos», celebrada en Panamá el 19 de octubre de 2026.
América Latina y el Caribe constituyen una de las regiones con mayor riqueza en recursos naturales, biodiversidad, fuentes energéticas y potencial humano. Sin embargo, millones de sus habitantes continúan enfrentando condiciones de pobreza, desigualdad y oportunidades limitadas para mejorar su calidad de vida. Esta contradicción plantea una de las preguntas más importantes para el futuro de la región: ¿por qué economías con tantas posibilidades de generar riqueza no han conseguido transformar ese potencial en bienestar para todos sus ciudadanos?
La respuesta va mucho más allá del crecimiento económico. Involucra la calidad de la educación, las oportunidades laborales, el funcionamiento de las instituciones, la distribución de los recursos, las políticas públicas y la capacidad de los Estados para garantizar condiciones que permitan a las personas construir un futuro mejor.
Sobre estos desafíos giró la conferencia regional «Fin de la pobreza: recalibrando estrategias, renovando compromisos», organizada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y CAF, banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, celebrada el 19 de octubre de 2026 en Ciudad de Panamá.
El encuentro reunió a autoridades nacionales, representantes de organismos internacionales y especialistas en desarrollo económico y social. Durante la sesión inaugural intervinieron el ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha Vásquez; el viceministro de Desarrollo Social, Roberto José Arosemena Cervantes; la subsecretaria general de las Naciones Unidas y directora regional del PNUD para América Latina y el Caribe, Michelle Muschett; y Daniel Ortega, gerente de Planeación e Impacto al Desarrollo y gerente interino de Conocimiento de CAF, quien intervino en representación del presidente ejecutivo de esa institución, Sergio Díaz-Granados.
Asimismo, la reconocida economista Nora Lustig, profesora de El Colegio de México y profesora emérita de la Universidad de Tulane, donde fundó el Commitment to Equity Institute, ofreció una conferencia magistral sobre las causas estructurales de la pobreza, la desigualdad y los instrumentos fiscales necesarios para combatirlas.
Uno de los momentos más significativos de la sesión inaugural fue el diálogo entre los expresidentes Álvaro Uribe Vélez, de Colombia, y Gabriel Boric Font, de Chile, quienes, desde perspectivas políticas y económicas diferentes, compartieron experiencias, coincidencias y discrepancias sobre las estrategias necesarias para reducir la pobreza.
Más allá de las posiciones particulares, las intervenciones dejaron una conclusión fundamental: la lucha contra la pobreza no puede limitarse a proporcionar asistencia económica. Debe orientarse a transformar las condiciones que generan y perpetúan la desigualdad de oportunidades.
Una región que ha avanzado, pero todavía no ha terminado la tarea
Durante las primeras décadas del presente siglo, América Latina consiguió avances importantes en la reducción de la pobreza. El crecimiento económico, la ampliación de los programas de protección social y diversas políticas de inclusión contribuyeron a mejorar las condiciones de vida de millones de personas.
Sin embargo, esos progresos no han sido suficientes para eliminar las desigualdades estructurales que caracterizan a la región.
De acuerdo con el informe Panorama Social de América Latina y el Caribe 2025, elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en 2024 aproximadamente 162 millones de personas, equivalentes al 25,5 % de la población de América Latina, vivían en condiciones de pobreza monetaria. De ellas, alrededor de 62 millones, equivalentes al 9,8 %, enfrentaban pobreza extrema.
Aunque la pobreza monetaria registró en 2024 su nivel más bajo desde que existen datos regionales comparables, la pobreza extrema todavía se encontraba 2,1 puntos porcentuales por encima del nivel observado en 2014.
La desigualdad continúa siendo igualmente preocupante. Según la CEPAL, el 10 % de la población con mayores ingresos concentra el 34,2 % del ingreso total, mientras que el 10 % más pobre recibe apenas el 1,7 %.
Estos datos permiten comprender que la desigualdad no se limita a la existencia de diferencias económicas entre personas. También refleja una distribución desigual de las posibilidades de acceder a educación de calidad, servicios básicos, empleo, financiamiento y participación en los beneficios del desarrollo.
En su intervención, Michelle Muschett reconoció los avances alcanzados por los países latinoamericanos, pero advirtió sobre su fragilidad. Millones de personas que han conseguido superar la pobreza permanecen expuestas a retroceder ante una crisis económica, una enfermedad, la pérdida de empleo o un desastre natural.
La preocupación, por tanto, no consiste únicamente en determinar cuántas personas consiguen salir de la pobreza, sino también en establecer cuántas pueden mantenerse fuera de ella y mejorar sostenidamente sus condiciones de vida.
Esta distinción resulta esencial para comprender por qué los instrumentos utilizados durante las décadas anteriores requieren ser revisados y actualizados. Las políticas que permitieron alcanzar determinados resultados en el pasado no necesariamente serán suficientes para enfrentar los nuevos desafíos económicos, sociales, ambientales y tecnológicos de la región.
La pobreza tiene muchas dimensiones y comienza a reproducirse desde la infancia
Uno de los aportes más relevantes de la conferencia fue recordar que la pobreza no puede comprenderse exclusivamente a partir de los ingresos de una familia.
Una persona puede superar estadísticamente el umbral de pobreza monetaria y, sin embargo, continuar viviendo en una vivienda inadecuada, sin acceso regular al agua potable, con servicios de salud insuficientes, educación deficiente o pocas oportunidades de trabajo.
Esta realidad explica la importancia de los índices de pobreza multidimensional, que permiten identificar carencias simultáneas en diferentes aspectos del bienestar.
Durante su exposición magistral, la economista Nora Lustig destacó que una parte considerable de las desigualdades latinoamericanas responde a circunstancias sobre las cuales los individuos tienen poco o ningún control.
El lugar de nacimiento, el nivel educativo de los padres, las condiciones socioeconómicas del hogar y la pertenencia a determinados grupos históricamente excluidos pueden influir profundamente en las oportunidades futuras.
Según investigaciones citadas por Lustig, entre el 44 % y el 63 % de la desigualdad en países de la región puede asociarse a circunstancias ajenas al control directo de las personas, lo que pone de manifiesto la persistencia de barreras estructurales que limitan la movilidad social.
La economista también presentó investigaciones históricas que relacionan la desigualdad contemporánea con procesos de exclusión y concentración de recursos originados siglos atrás. Estas observaciones permiten comprender que determinadas estructuras sociales pueden reproducirse durante generaciones, incluso después de haberse transformado las instituciones que les dieron origen.
Los estudios sobre desarrollo infantil citados durante la conferencia muestran, además, que las desigualdades comienzan a manifestarse desde los primeros años de vida, incluso antes de que los niños ingresen al sistema educativo formal.
Cuando un niño crece en un entorno con deficiencias nutricionales, limitaciones en la estimulación temprana y dificultades para acceder a servicios educativos de calidad, puede acumular desventajas que resultarán difíciles de compensar posteriormente.
De allí surge una enseñanza fundamental: para romper el ciclo intergeneracional de la pobreza, las políticas públicas deben comenzar desde la gestación y la primera infancia.
Invertir en nutrición, atención prenatal, salud maternoinfantil, educación inicial y acompañamiento familiar no constituye únicamente una intervención social. También representa una inversión estratégica en las capacidades humanas y productivas futuras de una sociedad.
A esta dimensión se sumó una reflexión del expresidente Gabriel Boric sobre la desigualdad de género y la distribución de las responsabilidades de cuidado.
Boric destacó que gran parte del trabajo destinado al cuidado de niños, adultos mayores, personas enfermas y ciudadanos dependientes continúa siendo realizado por mujeres sin remuneración económica.
Esta situación limita las oportunidades de formación, participación laboral y autonomía económica de quienes asumen esas responsabilidades.
La referencia a la denominada pobreza de tiempo permitió incorporar otra dimensión del problema: disponer de determinados ingresos no significa necesariamente contar con tiempo suficiente para estudiar, trabajar, descansar, participar en la vida comunitaria o desarrollar proyectos personales.
Por ello, las políticas de cuidado, el acceso a servicios de atención infantil y la corresponsabilidad familiar también deben formar parte de las estrategias para combatir la pobreza.
Crecimiento económico y redistribución: dos componentes de una misma discusión
Una de las principales interrogantes abordadas por Nora Lustig fue cómo continuar reduciendo la pobreza en un escenario de crecimiento económico insuficiente.
La economista explicó que los períodos de mayor reducción de la pobreza en América Latina estuvieron asociados a la combinación de dos factores: el crecimiento del ingreso por habitante y la disminución de la desigualdad.
En esos años, los avances del mercado laboral y la expansión de las transferencias monetarias contribuyeron a mejorar los ingresos de los sectores más vulnerables.
Sin embargo, Lustig advirtió que el crecimiento sostenido sigue siendo uno de los desafíos más difíciles de resolver en la región, independientemente de la orientación política de los gobiernos.
Esta observación conduce a una pregunta importante: si las economías no consiguen crecer al ritmo necesario, ¿qué otros instrumentos pueden utilizar los Estados para continuar reduciendo la pobreza?
Parte de la respuesta se encuentra en el diseño de los sistemas fiscales.
Lustig presentó resultados de investigaciones sobre los efectos distributivos de los impuestos y las transferencias públicas. Uno de sus planteamientos más significativos fue que un sistema fiscal puede reducir la desigualdad general y, al mismo tiempo, aumentar la pobreza de determinados hogares.
Esta situación puede producirse cuando familias de bajos ingresos terminan pagando, particularmente mediante impuestos al consumo, más de lo que reciben en transferencias monetarias.
Entre los instrumentos que propuso examinar se encuentran los mecanismos de devolución focalizada del impuesto al valor agregado, conocidos como IVA personalizado, y la ampliación de la cobertura y suficiencia de las transferencias dirigidas a la población vulnerable.
La propuesta no consiste simplemente en incrementar los subsidios, sino en analizar quiénes soportan efectivamente la carga tributaria y quiénes reciben los beneficios de la política fiscal.
Este planteamiento abre una discusión de especial importancia para América Latina: no basta con conocer cuánto recauda un Estado y cuánto destina al gasto social; también es necesario determinar cómo sus decisiones fiscales modifican las condiciones de vida de los distintos grupos de población.
Lustig insistió, además, en mejorar la información disponible para estudiar estas cuestiones. Las encuestas de hogares, aunque indispensables, no siempre captan adecuadamente los ingresos y la riqueza de los sectores de mayores recursos.
Por ello, recomendó complementar estos instrumentos con información tributaria anonimizada y metodologías transparentes que permitan formular diagnósticos más precisos.
También señaló la necesidad de explicar las diferencias entre los indicadores utilizados por organismos internacionales, particularmente cuando sus mediciones producen tendencias aparentemente contradictorias sobre la evolución de la pobreza extrema.
Estas diferencias pueden obedecer a metodologías, umbrales de ingreso y criterios estadísticos distintos, por lo que resulta indispensable identificar sus causas antes de formular conclusiones o comparaciones.
La calidad de las estadísticas se convierte así en una condición esencial para diseñar políticas públicas eficaces, evaluar sus resultados y sostener un debate informado sobre las decisiones económicas y sociales.
Educación, productividad y emprendimiento: preparar a las personas para crear oportunidades
En su intervención, el canciller Javier Martínez-Acha Vásquez planteó que uno de los grandes desequilibrios de América Latina es la desconexión entre los sistemas educativos y las necesidades del desarrollo económico y social.
La educación, sostuvo, no debe limitarse a transmitir conocimientos y otorgar títulos académicos. También debe desarrollar capacidades para resolver problemas, utilizar tecnologías, administrar recursos, innovar, trabajar en equipo y emprender.
Desde esta perspectiva, los sistemas educativos deberían preparar a los ciudadanos no solo para incorporarse al mercado laboral, sino también para participar en su transformación.
El canciller propuso que el emprendimiento comenzara a incorporarse desde las primeras etapas de la formación, mediante actividades adecuadas a cada edad que permitan desarrollar capacidades para identificar necesidades, administrar recursos y ejecutar proyectos.
En etapas posteriores, estas experiencias podrían vincularse con conocimientos científicos, herramientas digitales, educación financiera y comprensión de los mercados.
No se trata de sustituir la formación humanística ni de convertir las instituciones educativas en empresas, sino de proporcionar conocimientos aplicables a la vida cotidiana y a las necesidades de la sociedad.
La formación en competencias tecnológicas, digitales, financieras y empresariales puede contribuir a ampliar las oportunidades de los jóvenes, particularmente en sociedades con elevados niveles de desempleo e informalidad.
No obstante, el propio canciller advirtió sobre el riesgo de responsabilizar a las personas que viven en pobreza por no conseguir superar individualmente sus dificultades.
El emprendimiento requiere condiciones materiales e institucionales que permitan convertir una iniciativa en una actividad sostenible: financiamiento, infraestructura, conectividad, seguridad jurídica, capacitación y acceso a mercados.
No basta con incentivar a un agricultor a incrementar su producción si carece de caminos para transportar sus productos, tecnologías adecuadas o compradores que permitan comercializarlos.
De igual manera, tampoco resulta suficiente capacitar a los jóvenes en herramientas digitales si no cuentan con acceso a internet, equipos apropiados y oportunidades reales de incorporarse al mercado laboral.
Esta reflexión permite comprender que la asistencia social y la autonomía económica no deben interpretarse como objetivos opuestos.
La protección social atiende necesidades inmediatas y protege a quienes enfrentan situaciones de vulnerabilidad. La educación, la inversión productiva y la generación de empleos amplían las posibilidades de construir independencia económica cuando las circunstancias de las personas lo permiten.
Una política pública verdaderamente integral debe articular ambos componentes, sin desconocer que existen personas cuya edad, discapacidad o condiciones particulares requieren protección permanente.
Dos expresidentes, diferentes caminos y una responsabilidad compartida
El intercambio entre Álvaro Uribe Vélez y Gabriel Boric Font fue uno de los momentos más interesantes de la conferencia porque permitió examinar distintas concepciones sobre el papel del Estado, la inversión privada y la política social.
Ambos expresidentes reconocieron la importancia de reducir la pobreza, fortalecer las instituciones democráticas y desarrollar políticas que puedan mantenerse más allá de un período de gobierno.
Sin embargo, sus interpretaciones sobre los instrumentos necesarios para alcanzar esos resultados reflejaron diferencias sustanciales.
Uribe explicó que durante su administración en Colombia, entre 2002 y 2010, procuró articular la seguridad, la confianza inversionista y la política social.
Su planteamiento partía de que las condiciones de inseguridad limitaban la inversión, afectaban la actividad económica y reducían las oportunidades de empleo. Por ello, consideraba indispensable fortalecer la seguridad y generar un entorno favorable para la iniciativa privada.
También defendió la reducción de estructuras administrativas y la eliminación de duplicidades estatales como mecanismos para liberar recursos que pudieran destinarse a programas sociales.
En materia económica, propuso fortalecer lo que denominó una economía fraterna, en la que las empresas no se limitaran a generar utilidades, sino que asumieran una función social vinculada al bienestar de los trabajadores y al desarrollo de las comunidades.
Uribe destacó igualmente la importancia de la formación tecnológica y del emprendimiento juvenil, señalando que los programas educativos de corta duración, organizados en ciclos acumulativos y vinculados con la educación superior, podrían facilitar la incorporación de los jóvenes a nuevas actividades económicas.
Boric, por su parte, destacó la importancia de construir políticas sociales como compromisos de Estado, capaces de trascender las diferencias partidarias.
Se refirió a la experiencia chilena en la ampliación progresiva de la protección social, mediante reformas en educación, salud y pensiones, desarrolladas a lo largo de administraciones de diferentes orientaciones políticas.
En particular, explicó cómo Chile atravesó distintas etapas en su política social: una primera orientada a reparar las carencias acumuladas, una segunda destinada a ampliar la protección social mediante garantías legales y una tercera dirigida a fortalecer progresivamente las bases de un Estado de bienestar.
También defendió la necesidad de combinar crecimiento económico con redistribución del ingreso y protección de los derechos sociales.
Una de las diferencias más importantes surgió al discutir si el Estado debía funcionar con criterios semejantes a los de una empresa privada.
Para Uribe, la eficiencia administrativa y la reducción de costos podían contribuir a fortalecer la capacidad estatal para financiar políticas sociales.
Boric cuestionó esa comparación y sostuvo que las responsabilidades públicas no siempre pueden evaluarse mediante criterios de rentabilidad económica, especialmente cuando se trata de garantizar derechos y atender necesidades de los sectores más vulnerables.
Desde su perspectiva, el debate no debería concentrarse exclusivamente en determinar si el Estado debe ser más grande o más pequeño, sino en garantizar que funcione adecuadamente, sea eficiente y tenga capacidad para responder a las necesidades de la población.
El debate también alcanzó la política tributaria. Mientras Uribe defendió los incentivos fiscales como mecanismos para estimular nuevas inversiones y ampliar la actividad económica, Boric advirtió que una disminución de los ingresos públicos podría comprometer el financiamiento de programas sociales.
Son posiciones distintas que merecen ser examinadas mediante evidencia y análisis de sus resultados, más allá de las preferencias ideológicas.
El valor del encuentro radicó precisamente en demostrar que es posible discutir diferencias sustanciales sobre el modelo económico sin desconocer la legitimidad de otras perspectivas ni perder de vista el objetivo común de mejorar las condiciones de vida de la población.
La democracia debe producir resultados que mejoren la vida de las personas
Otro de los temas recurrentes fue la relación entre pobreza, desigualdad y democracia.
El canciller panameño destacó que las instituciones democráticas permiten identificar problemas, fiscalizar la utilización de los recursos públicos, exigir responsabilidades y corregir políticas que no están produciendo los resultados esperados.
Desde esta perspectiva, la democracia no debe limitarse a garantizar elecciones periódicas. También debe ofrecer mecanismos efectivos para que la ciudadanía participe en las decisiones que afectan su bienestar.
Michelle Muschett profundizó en esta relación al señalar que la insatisfacción con el funcionamiento de las instituciones puede intensificarse cuando las personas no perciben mejoras concretas en sus condiciones de vida.
Durante el conversatorio, hizo referencia a resultados de investigaciones del PNUD según los cuales la satisfacción con la democracia es considerablemente menor entre quienes perciben mayores niveles de inseguridad.
Este vínculo adquiere especial importancia en una región donde la violencia, la criminalidad y las economías ilícitas pueden restringir el acceso a oportunidades económicas y el ejercicio efectivo de los derechos ciudadanos.
La inseguridad, la falta de oportunidades y la persistencia de desigualdades pueden debilitar la confianza ciudadana y alimentar procesos de polarización política.
Uribe sostuvo que las políticas de seguridad y estabilidad institucional requieren complementarse con crecimiento económico y progreso social para conservar su legitimidad.
Boric coincidió en que la democracia debe demostrar su capacidad de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, y añadió que la seguridad y las libertades fundamentales no deberían presentarse como alternativas excluyentes.
También subrayó la importancia de involucrar directamente a las personas que viven en pobreza en el diseño de las políticas destinadas a mejorar sus condiciones.
Esta observación merece especial atención.
Con frecuencia, los programas públicos son formulados a partir de estudios, indicadores y decisiones administrativas sin una participación suficiente de las comunidades a las que se dirigen.
Sin embargo, quienes experimentan cotidianamente las privaciones pueden identificar necesidades que no siempre resultan evidentes para los responsables institucionales.
La propia Michelle Muschett compartió una experiencia relacionada con la elaboración del Índice de Pobreza Multidimensional de Panamá. Explicó que la consulta directa a personas que vivían en condiciones de pobreza permitió identificar prioridades que no habían sido suficientemente consideradas por otros sectores participantes.
Escuchar a las comunidades no constituye únicamente un ejercicio de consulta. Puede contribuir a mejorar el diagnóstico de los problemas, orientar la inversión y fortalecer la legitimidad de las decisiones públicas.
En este contexto, las instituciones democráticas también deben facilitar el acceso de las comunidades a espacios de participación, deliberación y evaluación de las políticas que afectan sus condiciones de vida.
La reducción de la pobreza, por tanto, no es únicamente un objetivo social o económico. También constituye un componente importante para fortalecer la confianza en las instituciones y la estabilidad de los sistemas democráticos.
Los desastres naturales y la tecnología plantean nuevos desafíos
La conferencia se celebró apenas diez días después del terremoto de magnitud 7,5 registrado el 9 de octubre de 2026, que afectó particularmente la región de Azuero y otras zonas del país.
El sismo, registrado a las 12:56 p. m., ocasionó daños en infraestructura, afectaciones en comunidades y numerosas réplicas, dando lugar a medidas de atención y respuesta por parte de las autoridades nacionales y organismos de cooperación.
Esta circunstancia otorgó especial relevancia a las intervenciones relacionadas con la resiliencia, entendida como la capacidad de las personas, comunidades e instituciones para resistir, responder y recuperarse de situaciones adversas.
Michelle Muschett advirtió que el desarrollo no puede considerarse verdaderamente sostenible si los avances sociales desaparecen ante cada nueva crisis.
Una familia con recursos limitados puede perder su vivienda, sus herramientas de trabajo, sus cultivos o sus ingresos como consecuencia de un terremoto, una inundación o una emergencia sanitaria.
Cuando no existen mecanismos de protección y recuperación adecuados, estas pérdidas pueden convertirse en situaciones de pobreza prolongada.
Nora Lustig insistió en que la respuesta temprana resulta indispensable para evitar que las consecuencias de una crisis se vuelvan permanentes.
Por ello, las políticas de reducción de pobreza deben incorporar instrumentos de prevención, atención de emergencias y recuperación económica, particularmente en los territorios más expuestos a amenazas naturales.
A estas preocupaciones se suma el impacto de las transformaciones tecnológicas.
La inteligencia artificial ofrece posibilidades para mejorar los servicios educativos, ampliar el acceso al conocimiento, incrementar la productividad y facilitar la prestación de servicios públicos.
Sin embargo, también puede generar nuevas desigualdades si sus beneficios se concentran en quienes disponen de mejores condiciones económicas, formación y conectividad.
Lustig propuso desarrollar mecanismos de observación que permitan evaluar oportunamente los efectos de la inteligencia artificial sobre el empleo, las capacidades laborales y la distribución del ingreso.
Esta recomendación es especialmente importante porque las transformaciones tecnológicas pueden modificar profundamente las características del mercado de trabajo.
La incertidumbre sobre las ocupaciones que podrían desaparecer, las nuevas actividades que surgirán y las competencias que serán necesarias exige fortalecer la capacidad de los Estados para anticipar cambios y adaptar sus sistemas educativos y políticas laborales.
La respuesta no debería limitarse a promover la adopción de nuevas herramientas, sino a garantizar que la población pueda aprovecharlas y que las instituciones cuenten con información suficiente para anticipar sus posibles consecuencias sociales.
Panamá frente al desafío de reducir sus desigualdades territoriales
Aunque la conferencia tuvo un alcance regional, muchas de las reflexiones expuestas resultan directamente aplicables a Panamá.
El país ha conseguido avances en la reducción de la pobreza multidimensional. Según el informe oficial del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), publicado en agosto de 2026, la incidencia de esta condición pasó del 19,1 % de la población en 2017 al 12,4 % en 2025.
Entre 2022 y 2025, la incidencia disminuyó del 14,7 % al 12,4 %, una reducción de 2,3 puntos porcentuales que, según el MEF, equivale a aproximadamente 83.949 personas que dejaron de encontrarse en esa condición.
Estos resultados son importantes y deben reconocerse. Sin embargo, no eliminan las diferencias existentes entre territorios y grupos sociales.
Durante su intervención, el viceministro Roberto José Arosemena Cervantes destacó que aproximadamente tres de cada diez personas residentes en áreas rurales enfrentan pobreza multidimensional, frente a una de cada veinte en las áreas urbanas.
El informe oficial del MEF confirma esta diferencia y permite precisarla: en 2025, la incidencia de pobreza multidimensional fue del 30,1 % en las áreas rurales, mientras que en las urbanas alcanzó el 5,2 %.
Estas cifras muestran que la proporción de personas en condiciones de pobreza multidimensional en las áreas rurales es casi seis veces la registrada en las áreas urbanas.
La situación es aún más preocupante en determinadas comarcas indígenas.
El mismo informe registra que, en 2025, la incidencia de pobreza multidimensional alcanzó el 93,4 % en la comarca Guna Yala, el 73,2 % en la comarca Ngäbe Buglé y el 46,4 % en la comarca Emberá.
Aunque se han registrado avances importantes en algunas de estas regiones, particularmente en las comarcas Emberá y Ngäbe Buglé, las cifras reflejan la persistencia de profundas desigualdades territoriales.
En el caso de Guna Yala, la incidencia aumentó del 85,3 % en 2022 al 93,4 % en 2025, lo que evidencia que los resultados no han sido uniformes en todo el territorio nacional.
Estas diferencias reflejan una realidad que continúa caracterizando al país: el crecimiento económico, la infraestructura y los servicios públicos no han llegado con la misma intensidad a todas las comunidades.
En determinadas zonas rurales y comarcales persisten dificultades relacionadas con la calidad educativa, el acceso a servicios de salud, la conectividad, el abastecimiento de agua potable y las oportunidades de empleo.
Esta situación exige políticas diferenciadas que respondan a las características y necesidades de cada región.
No necesariamente resultará eficaz aplicar los mismos instrumentos en una comunidad agrícola, una población indígena, un barrio urbano con empleo informal o una zona afectada por desastres naturales.
Los diagnósticos territoriales deben permitir identificar cuáles son las privaciones predominantes y qué inversiones pueden generar mayores beneficios sociales.
En este sentido, el informe del MEF constituye una herramienta importante, pues permite conocer no solamente la proporción de personas que enfrentan pobreza multidimensional, sino también la intensidad de las carencias y sus principales causas.
Por ejemplo, entre los indicadores que más contribuyeron a la pobreza multidimensional nacional en 2025 se encuentran la precariedad del empleo, con una contribución del 11,3 % al índice; el logro educativo insuficiente, con el 11,0 %; y la desocupación y el trabajo familiar sin remuneración, con el 9,3 %.
Estos indicadores evidencian la estrecha relación entre la pobreza, la calidad de la educación y las oportunidades laborales, precisamente algunos de los temas más destacados durante la conferencia.
La experiencia panameña también plantea la necesidad de examinar cómo conectar las ventajas económicas del país —su posición geográfica, sus servicios logísticos, su actividad comercial y su infraestructura— con mayores oportunidades de desarrollo para las comunidades que permanecen rezagadas.
El Canal de Panamá constituye una expresión extraordinaria de la capacidad del país para transformar su posición geográfica en una ventaja económica. Sin embargo, como recordó el canciller durante la conferencia, la existencia de grandes infraestructuras no garantiza por sí sola que sus beneficios alcancen a toda la población.
La verdadera medida del desarrollo debe incorporar la capacidad de esa riqueza para generar educación, empleo, servicios públicos y oportunidades sostenibles.
De los diagnósticos a las decisiones: una agenda para transformar resultados
La conferencia permitió reconocer que América Latina dispone de numerosas investigaciones, experiencias de política pública, instituciones de cooperación y recursos humanos especializados para enfrentar la pobreza.
El desafío no consiste únicamente en producir nuevos estudios o multiplicar los encuentros internacionales, sino en convertir ese conocimiento en decisiones concretas, sostenibles y verificables.
A partir de las intervenciones y de los resultados disponibles sobre la realidad panameña, pueden identificarse diversas prioridades para orientar los esfuerzos futuros.
La primera es fortalecer la inversión en la primera infancia. Las desigualdades que comienzan durante los primeros años de vida requieren intervenciones oportunas en nutrición, salud, educación inicial y acompañamiento familiar. Una atención adecuada en esta etapa puede contribuir a reducir las desventajas que posteriormente condicionan el desempeño educativo y las oportunidades laborales.
La segunda consiste en mejorar la articulación entre educación y oportunidades productivas. Los programas de formación deben considerar las necesidades actuales y futuras del mercado laboral, sin descuidar las capacidades humanísticas, científicas y ciudadanas indispensables para la vida democrática. La educación técnica, la formación profesional y el acceso a nuevas tecnologías deben vincularse con oportunidades reales de empleo y emprendimiento.
La tercera es fortalecer los sistemas de protección social. Estos no deben limitarse a atender situaciones de privación inmediata, sino que también deben contribuir a prevenir retrocesos frente a enfermedades, desempleo, desastres naturales y otras situaciones adversas. La protección social debe vincularse con los servicios educativos, sanitarios y laborales, sin desconocer las necesidades de quienes requieren asistencia permanente.
La cuarta prioridad es revisar los efectos distributivos de los impuestos y del gasto público. Las decisiones fiscales deben evaluarse no solamente por su capacidad recaudatoria, sino también por su contribución efectiva al bienestar y a la reducción de las desigualdades. El análisis de quiénes pagan los impuestos y quiénes reciben los beneficios de los programas públicos puede aportar información valiosa para mejorar la distribución de los recursos.
La quinta es reducir las desigualdades territoriales mediante inversiones diferenciadas. Los resultados del Índice de Pobreza Multidimensional de Panamá muestran la necesidad de fortalecer las intervenciones en las comarcas indígenas, las áreas rurales y las comunidades con mayores privaciones. La planificación debe considerar las características económicas, culturales, geográficas y sociales de cada territorio.
La sexta es reforzar la calidad de las instituciones y la evaluación de las políticas públicas. No basta con informar cuántos recursos fueron asignados, cuántas capacitaciones se realizaron o cuántas personas ingresaron a un programa. Es indispensable comprobar si esas intervenciones produjeron mejoras duraderas en sus condiciones de vida.
La séptima es ampliar la participación de las comunidades. El conocimiento técnico y las experiencias de las personas directamente afectadas deben complementarse para formular respuestas más pertinentes. La participación ciudadana también permite fortalecer la transparencia, la fiscalización y el seguimiento de los compromisos asumidos por las instituciones.
La octava es fortalecer la capacidad de prevención y respuesta frente a los desastres naturales. La experiencia reciente del terremoto de octubre de 2026 demuestra que las emergencias pueden afectar con mayor intensidad a las poblaciones con menos recursos para recuperarse. Las políticas de vivienda, infraestructura, protección social y planificación territorial deben incorporar criterios de reducción del riesgo y resiliencia.
Finalmente, resulta indispensable fortalecer la cooperación entre gobiernos, universidades, organismos internacionales, empresas y organizaciones de la sociedad civil.
Los desafíos de la pobreza no pueden resolverse desde una sola institución ni exclusivamente mediante una política sectorial. Su complejidad exige coordinación, continuidad y responsabilidades claramente definidas.
Reflexión final: la verdadera medida del desarrollo
La conferencia celebrada en Panamá dejó una enseñanza que trasciende las cifras y las diferencias entre modelos económicos: el desarrollo no puede valorarse únicamente por la riqueza que produce una nación, sino también por las oportunidades que ofrece a sus habitantes para vivir con dignidad.
La reducción de la pobreza constituye una responsabilidad económica, social, institucional y humana.
Una sociedad no supera verdaderamente sus desigualdades cuando algunas personas consiguen incrementar sus ingresos, mientras otras continúan enfrentando barreras que les impiden desarrollar sus capacidades.
Tampoco basta con ampliar la cobertura de los programas sociales si no se evalúa su efectividad, ni promover el crecimiento económico si sus beneficios no generan oportunidades suficientes de movilidad social.
La experiencia de las últimas décadas demuestra que los avances son posibles, pero también que pueden ser frágiles. Por ello, el propósito no debe limitarse a reducir temporalmente los indicadores de pobreza, sino a transformar las condiciones que la reproducen de una generación a otra.
En esa tarea, la educación, el empleo, la productividad, la protección social, la transparencia institucional y la participación ciudadana no son objetivos separados. Constituyen componentes complementarios de una misma estrategia de desarrollo.
El intercambio respetuoso entre Gabriel Boric y Álvaro Uribe también dejó una lección significativa: las diferencias políticas no impiden identificar responsabilidades compartidas ni aprender de experiencias distintas. El debate democrático adquiere mayor valor cuando permite examinar propuestas, corregir errores y construir soluciones que perduren más allá de los gobiernos.
Panamá, como sede de este encuentro, tiene la oportunidad de aprovechar las reflexiones presentadas para continuar fortaleciendo sus propias políticas de reducción de la pobreza, con especial atención a las desigualdades territoriales, la formación de las nuevas generaciones y la resiliencia de las comunidades más vulnerables.
Resultaría valioso que el PNUD y CAF elaboraran y difundieran una memoria integral de la conferencia que reuniera los principales planteamientos, investigaciones y recomendaciones, acompañada de una agenda de seguimiento que permita evaluar los avances y facilitar el intercambio de experiencias entre los países.
Las universidades y los centros de investigación podrían desempeñar un papel fundamental en este proceso, profundizando en los resultados de las políticas existentes y promoviendo nuevas propuestas sustentadas en evidencia.
Asimismo, sería conveniente fortalecer los espacios de coordinación entre las autoridades responsables de las políticas sociales, económicas, educativas, laborales y territoriales, procurando que las intervenciones no funcionen de manera aislada y que sus resultados puedan evaluarse mediante indicadores comunes.
En el caso de Panamá, los resultados del Índice de Pobreza Multidimensional permiten identificar territorios y dimensiones que requieren atención prioritaria. Aprovechar esa información para orientar decisiones presupuestarias, inversiones públicas y programas de desarrollo constituye una oportunidad concreta para transformar los diagnósticos en resultados.
También será necesario promover una mayor vinculación entre la educación, la formación técnica y las necesidades productivas, particularmente en aquellas comunidades donde las dificultades de acceso a mercados, infraestructura y tecnología limitan las posibilidades de generar ingresos sostenibles.
La responsabilidad de los gobiernos será traducir ese conocimiento en intervenciones que lleguen efectivamente a las comunidades, con mecanismos de seguimiento, transparencia y rendición de cuentas.
Por su parte, la cooperación internacional deberá continuar aportando conocimiento, recursos y asistencia técnica, procurando que cada intervención fortalezca las capacidades nacionales y contribuya a resultados verificables.
La pobreza no es una condición inevitable ni un destino que deba aceptarse. Es un desafío que exige decisiones, instituciones responsables, políticas sostenibles y una visión del desarrollo centrada en las personas.
El éxito de los compromisos renovados en esta conferencia no se medirá por la importancia de sus participantes ni por la cantidad de propuestas formuladas, sino por los resultados que puedan comprobarse en los próximos años.
Porque el verdadero progreso de América Latina comenzará a consolidarse cuando el lugar donde nace una persona deje de determinar, en gran medida, las oportunidades que tendrá durante el resto de su vida.
Referencias y fuentes de consulta
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Conferencia regional «Fin de la pobreza: recalibrando estrategias, renovando compromisos», celebrada el 19 de octubre de 2026. Información institucional y programa del encuentro.
CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. «CAF y PNUD reúnen a líderes regionales para impulsar nuevas respuestas frente a la pobreza». Comunicado institucional del 19 de octubre de 2026.
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Panorama Social de América Latina y el Caribe 2025: cómo salir de la trampa de alta desigualdad, baja movilidad social y débil cohesión social. Noviembre de 2025.
Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (MEF). Índice de Pobreza Multidimensional de Panamá. Año 2025. Dirección de Análisis Económico y Social. Agosto de 2026. Especialmente el anexo N.º 1, sobre la evolución de la pobreza multidimensional por provincias, comarcas indígenas, áreas geográficas y grupos de edad.
Ministerio de Desarrollo Social de Panamá (MIDES). Información oficial sobre las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social.
Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS). Informe de Situación N.º 3: Terremoto en Panamá, octubre de 2026. Publicado el 19 de octubre de 2026.
Universidad de Tulane. Perfil académico de Nora Lustig, profesora emérita y directora fundadora del Commitment to Equity Institute.
Fuente principal: Transcripción de la sesión inaugural, la conferencia magistral de Nora Lustig y el diálogo entre los expresidentes Álvaro Uribe Vélez y Gabriel Boric Font, correspondientes a la conferencia regional «Fin de la pobreza: recalibrando estrategias, renovando compromisos», celebrada en Ciudad de Panamá el 19 de octubre de 2026.
